Tras un año, llegó a su fin el congelamiento de alquileres
Luego de un año de aplicación llega a su fin el decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, por lo que el Gobierno ya analiza variantes para asistir a las familias con problemas habitacionales.
A partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y los inquilinos que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo, que deberán pasar en primera instancia por una mediación.
A principios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, había anticipado la finalización de la medida, que fue una de las que se aplicó a comienzos de la pandemia, en 2020.
En diálogo con LA NACION, el titular de la cartera puso énfasis en que existe una nueva ley de alquileres que hay que cumplir. La misma entre otros cambios, introdujo un nuevo actor en el proceso de desalojo: la mediación y el registro obligatorio del contrato en la AFIP. En este punto indicó que la inscripción del mismo es necesaria ante la necesidad de avanzar en un desalojo. “No habrá posibilidad que un juez haga un desalojo si no tiene previamente determinada la mediación. No me imagino al sistema judicial generando cosas en contra de la ley de alquileres”, aclaró.
Por otra parte, esta semana se creó el “protocolo de riesgo temprano de desalojo” con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto. A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales. Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó que “esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.
“Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas”, señaló Scatolini.
Explicó que se hará “un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad”, y agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.
FUENTE: DIARIO LA NACION